13/10/15

Son Constitucionales las listas cerradas y bloqueadas?

La elección de los representantes de forma directa por los ciudadanos es una de las demandas de la sociedad actual que pide la modificación del sistema electoral, modificación más que necesaria, por otra parte. 

Las listas cerradas y bloqueadas únicamente sirven para colocar amigos y, por ende, los elegidos en listas cerradas y bloqueadas no son representantes de los ciudadanos, son representantes del partido político de turno que los coloca por no se que extraños motivos. Si a esto le añadimos la falta de democracia interna en los partidos políticos, resulta una mezcla explosiva que, entre otras cosas, es culpable de la corrupción económica, moral y de valores que actualmente impera por España. 

Esta peculiar configuración de las listas de candidatos ha sido objeto de numerosas críticas, por cuanto limita el libre ejercicio del derecho de sufragio. 

Con la imposición de listas cerradas y bloqueadas, los ciudadanos no eligen a sus candidatos sino que, en realidad, se adhieren a los impuestos desde un determinado partido, según sus preferencias políticas y no en función de las condiciones personales de aquéllos. 
Se limita así la capacidad de elección de los votantes, al tiempo que se acrecienta el dirigismo de las organizaciones partidistas”. (Informe del Consejo de Estado de 24/02/2009, p. 201)

La lista cerrada y bloqueada implica un monopolio de los partidos al cual está completamente sometido el elector. Al elector le queda únicamente la elección entre partidos, pero no la elección entre candidatos de los distintos partidos.

El Tribunal Constitucional (TC) ha manifestado reiteradamente “que la elección de los ciudadanos recae sobre personas determinadas y no sobre los partidos o asociaciones que los proponen al electorado”  (fundamento jurídico (FJ) 3 de su sentencia (STC) 10/1983), que cita en el FJ 4 de la 167/1991 añadiendo: “La elección es, pues, de personas (de candidatos presentados por partidos políticos, coaliciones electorales o agrupaciones de electores, debidamente proclamados como tales) y cualquier otra concepción pugna con la Constitución y con la misma dignidad de posición de electores y elegibles”

En consecuencia, como los ciudadanos solo pueden hacer una selección entre partidos políticos, coaliciones de partidos o agrupaciones electorales cuando se utilizan candidaturas de listas cerradas y bloqueadas en los comicios, pero no pueden escoger las personas naturales que los representarán, es evidente que se les limita la libertad de elección que  les reconoce el apartado 1 del artículo 23 de la CE.

Nadie discute que, con las listas cerradas y bloqueadas, no existe igualdad entre los candidatos de una misma opción Por tanto, parece evidente que el empleo de esta forma de candidaturas viola el derecho fundamental que les reconoce el apartado 2 del artículo 23 de la CE.

El resultado de su aplicación a los derechos fundamentales que reconoce el artículo 23 de la CE se resume del siguiente modo:

1- Las limitaciones de la libertad de elección de representantes para participar en los asuntos públicos, reconocida en el artículo 23.1 de la CE afectan al contenido esencial de este derecho fundamental de los ciudadanos porque las candidaturas de listas cerradas y bloqueadas:

a) Configuran una situación de evidente certeza negativa en cuanto al respeto del contenido del derecho que nos ocupa, frente a otras formas de candidaturas que lo respetan completamente, como las de listas abiertas, o que lo respetan en mayor o menor grado, como las de listas desbloqueadas.

 b) Impiden que los ciudadanos ejerciten una facultad o posibilidad de actuación que es necesaria para que este derecho fundamental sea reconocible como pertinente al tipo descrito debido a que se les hurta la posibilidad de intervenir en la selección de las personas naturales que ocuparán los escaños, es decir, en la asignación de éstos a los candidatos.

 c) Someten este derecho fundamental a una limitación que lo hace impracticable: los ciudadanos no pueden elegir entre los candidatos, ni siquiera entre los de una misma lista, y deben limitarse a hacerlo entre opciones que carecen del derecho de sufragio pasivo.

 2- ) La desigualdad entre los candidatos de una misma opción afecta al contenido esencial de su derecho derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad al cargo público representativo a que aspiran, reconocido en el artículo 23.2 de la CE a cada una de las opciones políticas es un derecho de los ciudadanos, dicho sistema electoral lo atribuye de modo exclusivo a aquéllas e impide que se respete el derecho de los candidatos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos.


El sistema electoral español que emplea candidaturas de listas cerradas y bloqueadas no respeta el inciso final del artículo 10.1 de la CE que dispone que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, porque, siendo obvio que decidir a qué candidatos se asignarán los escaños que puedan corresponder a cada una de las opciones políticas es un derecho de los ciudadanos, dicho sistema electoral lo atribuye de modo exclusivo a aquéllas e impide que se respete el derecho de los candidatos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos.

Las Cortes Generales, cuando modificaron la LOREG mediante la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, incumplieron el mandato del artículo 9.2 de la CE que ordena a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, pues no hicieron caso de la recomendación del Consejo de Estado, contenida en su informe de 24/02/2009 que se ha citado anteriormente en el punto 3ª, apartado i), de que la reforma de las listas  cerradas y bloqueadas podría comportar efectos beneficiosos.

Por lo tanto, es cuanto menos dudosa la Constitucionalidad de las listas cerradas y bloqueadas. 

Lo que es más que evidente, y un clamor entre la ciudadanía, es la necesidad de una reforma de la Ley electoral para que, entre otras reformas, desbloquee las listas para que los ciudadanos podamos elegir de forma libre a quien queremos que nos represente. 






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